El fusilamiento del General Juan José Valle por orden de Aramburu, 12 de junio del año 1956; salvando las distancias, el contexto, las razones y sin buscar paralelismos que no existen; pero sin desconocer el hilo conductor de una forma de ser propia de los uniformados que atraviesa el tiempo.

Recuerdo, indudablemente lo recordado busca aproximarse lo que más puede a lo vivido, aunque no sea lo vivido, por eso no tengo una pretensión de exactitud en lo que escribo, es algo meramente subjetivo. Esta voz fue protagonista directo de los acontecimientos del año 2012, cuando gendarmes y prefectos salimos a las calles, en libertad, a través de una consciencia democrática de manifestación ciudadana; confrontamos desde la palabra la corrupción del sistema y al Régimen kirchnerista que nos humillaba como funcionarios públicos; teníamos en el desamparo y abandono a la mayoría de nuestros retirados y pensionadas de la Institución, en una desigualdad jurídica aberrante en cuanto a los haberes que percibíamos en actividad.

El desenlace es públicamente conocido; la previa de llanto, queja recurrente, quedaron relegadas al silenciamiento de la historia oficial, la protesta callada y persistente por diferentes medios de expresión, un ambiente interno deliberativo, el conocimiento de la superioridad institucional y gestión política ausente, el apoyo y la instigación de algunos……; empujo al personal a salir a las calles, la generalidad de la oficialidad en los niveles de conducción medios-altos, escondidos. Después, los mismos que se beneficiaron, gracias al sacrificio de la gente que se manifestó y perdió su fuente de trabajo, terminaron siendo los verdugos del personal y sus familias, mediante una persecución y un escarmiento inconcebibles en Democracia.

En Argentina siempre estuvimos lejos de la verdadera democratización de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Policiales; hay quienes son regidos por el Código de Justicia Militar y la reglamentación disciplinaria que se desprende; donde jurídicamente somos cuasi-ciudadanos, a un costado de la Democracia, sin representatividad real y legal de los derechos laborales, donde el Estado que te pisa la cabeza es al mismo tiempo el que te ofrece «garantías» de respeto a tus derechos humanos a través de una Dirección de DDHH dependiente del Poder Ejecutivo.